Abrego García pide a juez prohibir “ataques públicos infundados” de la administración Trump.
Los abogados de Kilmar Abrego García pidieron el jueves a un juez que prohíba a los altos funcionarios de la administración Trump, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la fiscal general Pam Bondi, realizar "ataques públicos infundados" contra su cliente, quien fue deportado por error a El Salvador a principios de este año.
La moción se presentó en el tribunal federal de Nashville menos de una semana después de que Abrego García fuera liberado de la prisión preventiva, para ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y procesado para su posible deportación pocos días después. Abrego García se encuentra ahora bajo custodia del ICE, aunque una jueza de Maryland ha impedido su deportación mientras revisa el caso.
Desde el viernes, sus abogados dicen que los funcionarios federales han "atacado al Sr. Abrego en los medios de comunicación en numerosas declaraciones altamente perjudiciales, incendiarias y falsas", lo que, según ellos, viola su derecho a un juicio justo.
Señalaron una declaración de Noem del viernes que llamó a Abrego García un "miembro de una pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil", y comentarios de Bondi del lunes comparando a Abrego García con "organizaciones terroristas extranjeras".
Sus abogados también dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional "ha publicado una letanía de declaraciones incendiarias en su cuenta oficial X", incluidas acusaciones de que Abrego García pertenecía a la pandilla MS-13, lo que él ha negado vehementemente.
"El continuo aluvión de declaraciones perjudiciales del gobierno amenaza gravemente, y quizás ya haya perjudicado irrevocablemente, la posibilidad de juzgar este caso, en cualquier jurisdicción", afirma la moción. "Si se permite que el gobierno continúe así, contaminará cualquier jurado imaginable al exponer a todo el país a acusaciones irrelevantes, perjudiciales y falsas sobre el Sr. Abrego".
También argumentaron que el gobierno podría dificultar que Abrego García llame a testigos de la defensa, ya que cualquier testigo potencial podría preocuparse de ser atacado también.
Los abogados de Abrego García quieren que un juez ordene a "todos los funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional involucrados en este caso", incluidos Bondi y Noem, que dejen de hacer comentarios que puedan perjudicar el caso.
El mes pasado, la jueza federal de distrito Waverly Crenshaw ordenó a todos los abogados del caso que cumplieran con las normas del tribunal penal local, después de que los abogados de Abrego García argumentaran que el gobierno había violado una norma contra la realización de declaraciones públicas que pudieran perjudicar el caso.
Un funcionario del DHS dijo en respuesta a la presentación: "Si Kilmar Abrego García no quería ser mencionado por el Secretario de Seguridad Nacional, entonces no debería haber ingresado ilegalmente a nuestro país y cometido crímenes atroces".
"La narrativa compasiva de los medios sobre este inmigrante ilegal delincuente se ha desmoronado por completo, pero siguen difundiendo su triste historia. Escuchamos demasiado sobre las falsas historias tristes de pandilleros y delincuentes, y no lo suficiente sobre sus víctimas", dijo el funcionario.
CBS News se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios.
La solicitud se produce mientras Abrego García espera un proceso penal por presuntamente transportar inmigrantes indocumentados desde cerca de la frontera entre Estados Unidos y México a otras partes del país (lo que ha negado) y enfrenta una posible deportación a África Oriental.
Abrego García, un nativo salvadoreño que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2011, fue arrestado por ICE en marzo, deportado a El Salvador y mantenido en prisión durante meses, a pesar de que un juez de inmigración le había prohibido ser enviado a El Salvador debido a temor a persecución por parte de pandillas.
Funcionarios federales reconocieron que la deportación de Ábrego García a El Salvador fue un "error administrativo", pero el gobierno de Trump lo criticó públicamente, acusándolo de pertenecer a una pandilla y afirmando que no debía regresar a Estados Unidos. Finalmente, fue trasladado a Tennessee en junio y encarcelado por tráfico de personas.
En junio, un juez de Tennessee dictaminó que debía ser puesto en libertad mientras esperaba el juicio programado para enero. Funcionarios del gobierno sugirieron que, si salía de la prisión preventiva, podría ser deportado de nuevo, posiblemente a un país distinto de El Salvador.
Finalmente salió de la cárcel el viernes y el lunes, el ICE lo detuvo . Sus abogados fueron informados de que podría ser deportado a Uganda.
La jueza federal de distrito Paula Xinis, con sede en Maryland, ha dictaminado que Abrego García no puede ser deportado hasta al menos principios de octubre, mientras considera un recurso de hábeas corpus. Sus abogados afirman que también planea solicitar asilo en Estados Unidos.
Mientras tanto, los abogados de Abrego García han pedido que se desestimen los cargos criminales y han calificado a la fiscalía de "vengativa y selectiva".
Joe Walsh es editor sénior de política digital en CBS News. Anteriormente, cubrió noticias de última hora para Forbes y noticias locales en Boston.
Cbs News
